JCA de Mairena del Aljarafe

04-02-2011   ¿QUIEN REPARA AHORA EL DAÑO CAUSADO A LOLO Y A IU?

La Izquierda de Sevilla / Combatiendo las desigualdades

Ya es la segunda vez que le archivan al Juez en excedencia una causa contra nuestro compañero Francisco M. Silva, al que acusó en su momento de gravísimos delitos. Esa estrategia cortoplacista de judicializar la política, constante utilización del recurso al juzgado para ganar en los tribuna- les el linchamiento mediático y rematar el daño producido con sus denun- cias falsas, esta vez tampoco le ha funcionado al portavoz del PP en su demagógica y personal denuncia. Zoido 0 Silva 2. Hay que recordar que el 19 de noviembre de 2010, este mismo juzgado archivaba la denuncia interpuesta por Juan Ignacio Zoido, representante de la derecha sevillana y candidato a Alcalde por el Partido Popular, contra nuestro compañero Francisco Manuel Silva Ardanuy, por los graves delitos de “prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y usurpación de funciones”, cuando estaba en el ejercicio de Delegado de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por Izquierda Unida. Este auto fue recurrido por Juan Ignacio Zoido y ahora el juzgado desestima dicho recurso, por lo que se viene a demostrar que aquella idea que impulsaba el Partido Po- pular de “todo un escándalo de corrupción”, no eran sino mentiras y manipulaciones con las que trata de engañar a todos los sevillanos y las sevillanas, inflando de términos exagerados un discurso incendiario contra nuestro compañero. Zoido en particular, ve cómo el Juzgado viene a quebrar de nuevo un hilo fundamental de su estrategia política, cual es el de judicializar la vida pública, aunque no tenga pruebas con las que, posteriormente, sostener las denuncias. El PP cree que llevar al juzgado a alguien que ya ha sido linchado públicamente por las injurias y mentiras utilizadas contra él, es suficiente garantía como para ganar, en derecho, lo que puede haber ganado mediáticamente. En aquel auto del 19 de noviembre de 2010, la juez considera que el ex edil no ha in- currido en ninguno de los delitos que le atribuía la parte denunciante, como son los de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y usurpación de funciones, considerando además que "ninguna connivencia entre el imputado y el adjudicatario ha podido acreditarse ni siquiera de modo indiciario".